El pasado 19 de abril se realizó en Alcorisa (Teruel) una mesa redonda en torno al pasado y la actualidad de la intervención de la Italia fascista en la guerra civil española. También se quiso recordar, como se está haciendo en otros puntos de la geografía, el 75 aniversario de los primeros bombardeos de la historia que tuvieron como objetivo la población civil.
Como ponentes en la mesa redonda participaron el historiador Dimas Vaquero y el periodista y traductor Rolando d’Alessandro, de origen italiano y residente en Barcelona desde hace más de 20 años.
Rolando es un activista vinculado a asociaciones de emigrantes italianos residentes en Cataluña que han interpuesto una denuncia contra el estado italiano por crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil. Los bombardeos de Barcelona, como los del Bajo Aragón y otras zonas, constituyen un crimen de guerra.
Entrevistamos a Rolando para conocer con más detalle esta iniciativa y sus primeras consecuencias.
P. — ¿Qué os llevó a un buen número de italianos a asociaros?
R. — La necesidad de experimentar una nueva forma de hacer política en la diversidad, aprendiendo de los movimientos sociales del país que nos acogía.
P. — Italia también tuvo un pasado fascista. ¿Cómo se planteó el tema de la memoria histórica con la instauración de la democracia después de la Segunda Guerra Mundial?
R. — Básicamente como una reivindicación de valores en los que tiene que fundarse la convivencia en una sociedad. El antifascismo es uno de ellos, junto con la defensa de todas las libertades, la aspiración a la justicia social, la igualdad ante la ley, la democracia. Por supuesto que con el tiempo se han venido afirmando interpretaciones distintas, con la institucionalización —y en cierto sentido banalización— de algunos mitos fundadores de la república italiana, como la resistencia de los maquis a los nazi-fascistas. También, desde la época Berlusconi, han venido ganando terreno posiciones revisionistas que definen el régimen de Mussolini como “autoritario” en contraste con el totalitarismo de Hitler y Stalin.
P. — ¿Por qué os planteasteis emprender acciones judiciales contra el estado italiano por unos hechos ocurridos en España hace setenta y cinco años?
R. — Porqué aun no se había hecho… Para nosotros es evidente que los crímenes de aquella época no deben dejarse caer en la impunidad y el olvido. Como italianos también queríamos afear de esta manera la conducta de nuestros gobiernos republicanos a los largo de estas décadas, gobiernos que siempre se han negado a asumir ninguna clase de responsabilidad institucional, que han llegado a cobrar de Franco la deuda que éste había contraído con Mussolini, o que han tolerado celebraciones y homenajes a antiguos combatientes de la Aviazione Legionaria que habían martirizado poblaciones civiles. Y porque creemos que las heridas hay que limpiarlas para que cicatricen bien.
P. — ¿Cuál es la base jurídica que fundamenta la acusación de crímenes contra la humanidad?
R. — La violación de distintas convenciones internacionales vigentes en la época y que prohibían los ataques contra población civil. Además se tiene en cuenta la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad.
P. — ¿En qué situación se encuentra actualmente la denuncia que habéis interpuesto?
R. — La Sala X de las Audiencia Provincial de Barcelona ordenó con una interlocutoria la admisión a trámite de la querella, así como el inicio de una serie de actuaciones. La primera consiste en establecer si algunos de los aviadores acusados sigue con vida y su paradero. Habida cuenta del tiempo transcurrido, del hecho que los aviadores italianos contaban con falsas identidades y de la lentitud de la burocracia italiana tememos que el procedimiento pueda encallarse en esta fase. Cabe decir que también las administraciones catalanas llamadas a la causa por la resolución judicial (que ofrecía al Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat de Catalunya la posibilidad de personarse en el proceso) han contestado con un incomprensible silencio. Aunque parezca inaudito los representantes institucionales de los bombardeados y sus descendientes están haciendo caso omiso a la posibilidad de conseguir justicia para sus ciudadanos. En Italia, en juicios parecidos contra criminales de las SS, siempre se han personado todas las administraciones locales, regionales y hasta el ministerio de exteriores. Por otro lado esta pasividad de los gobernantes de Barcelona y Catalunya contrasta con la prontitud con la que actúan presentándose como acusadores particulares en casos tan nimios como el de manifestantes acusados (y posteriormente absueltos) por daños a contenedores de basura.
P. — ¿Qué pretendéis con vuestra acción judicial? ¿Tiene consecuencias en el presente más allá de las cuestiones simbólicas?
R. — A nuestro entender, además del valor simbólico de reconocimiento, aunque tardío, a la resistencia y el sufrimiento de las poblaciones bombardeadas hay posibles consecuencias muy concretas. La primera es que se abre la vía judicial para que otras poblaciones afectadas por los bombardeos emprendan acciones legales. Otra, es el radical cambio en la lectura histórica de la guerra de España como de una guerra civil, entre dos bandos. En realidad la intervención de Italia y Alemania en apoyo a un golpe militar contra un gobierno legal, fue el primero episodio en tierras europeas de la ofensiva bélica expansionista del eje nazi-fascista. Y fue una intervención decisiva desde el punto de vista material y logístico. Puede afirmarse sin ninguna duda que sin la ayuda italiana y alemana el golpe de estado contra la república habría fracasado y las tropas de Franco difícilmente hubieran podido cruzar el estrecho de Gibraltar. Otro aspecto muy concreto es la posibilidad de reclamar compensaciones por los daños causados por las bombas y tropas italo-alemanas, tal como ha ocurrido en todos los países que antes y durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron que padecer la agresión de las potencias nazi-fascistas.
P. — España es el segundo país del mundo, después de Camboya, que tiene más fosas comunes. ¿Cómo entiende esta situación un europeo educado en los valores democráticos? ¿Crees que España padece una anomalía en el contexto europeo sobre el tratamiento del pasado reciente?
R. — Es una anomalía que sólo puede explicarse por la falta de una auténtica ruptura con el régimen anterior. Un régimen que se basaba en una serie de anti-valores y en una concepción bárbara de la relación entre vencidos y vencedores. Negar el derecho a decenas y decenas de miles de familias a dar sepulturas y honrar a sus muertos es algo realmente sobrecogedor.
P. — Habéis conseguido que se produzca en España el primer juicio sobre la guerra civil que cuestiona la actuación del bando vencedor. Actualmente la justicia argentina ha emprendido actuaciones de este tipo contra el estado español. ¿Cómo valoras estas situaciones y el procesamiento por genocidio del expresidente de Guatemala, Ríos Montt?
R. — La ley de Amnistía de 1977 sólo puede proteger a los ciudadanos españoles. Es una ley de punto final que instaura la impunidad. En otros países este tipo de leyes se han conseguido derogar con la consolidación de la democracia. Esta ley impide juzgar a ciudadanos españoles por actuaciones cometidas durante la dictadura, pero no puede anular las actuaciones contra personas y estados extranjeros que intervinieron directamente en el conflicto.
Creo que es importante que los genocidas, los opresores, los criminales de estado sepan que no tienen garantizada la impunidad y, aún más importante, que se establezcan a nivel internacional una serie de precedentes que confirmen la existencia de unos principios fundamentales, superiores a cualquier legalidad estatal. Y es importantísimo que esto se dé por la tenacidad de los pueblos a mantener viva su memoria.
Entrevista realizada por Pascual Aguilar para la revista Balcei de Alcorisa