La ley de “Memoria democrática” que actualmente se está tramitando, destinada a sustituir la Ley de “Memoria histórica” del gobierno Zapatero, mantiene intacta la garantía de impunidad para los criminales del franquismo. No menciona los crímenes contra la humanidad ni las responsabilidades de grandes empresas y fortunas, de la Iglesia y de instituciones del estado durante la guerra civil y la dictadura.
El anteproyecto de Ley sacraliza la Constitución, la convierte en el referente de la idea misma de democracia cuando, caso único en la historia, tres de sus siete ponentes habían sido miembros de las cortes franquistas. En Italia, sin ir más lejos, sería impensable que en la redacción de la constitución italiana hubieran participado miembros destacados del régimen de Mussolini. En esta revalorización de la Constitución no se tiene en cuenta que su contenido fue supervisado por los jerarcas del ejército, que incluso hicieron aportaciones directas al texto (artículos 2 y 8). La Carta Magna tampoco plantea, ni siquiera entre líneas, fórmula alguna de condena del franquismo.
Este anteproyecto de Ley no impugna la legitimidad del régimen franquista y nada más se centra en sus “órganos represores”. Ignora la existencia de la máxima institución del estado, cuyo representante goza de absoluta inmunidad y es el jefe de las fuerzas armadas… Olvida que la monarquía, gracias a un sangriento golpe de estado, fue impuesta por el dictador en sustitución de la legalidad republicana.
La supuesta “memoria democrática” que pretende promover la futura Ley, aunque incluye con la consideración de “víctimas del franquismo” a los maquis, la guerrilla antifascista que actuó hasta la primera mitad de la década de los sesenta, no les reconoceel estatus de combatientes y legítimos opositores armados contra el fascismo. Estamos muy lejos del reconocimiento que maquis y partisanos tienen en Europa, donde son considerados auténticos héroes nacionales. Algunos de los guerrilleros calificados como delincuentes por la Ley franquista de bandidaje y terrorismo poseen las máximas distinciones de Francia, pero no del estado español.
La falta de conformidad a una regla general ha supuesto hasta ahora auténticas aberraciones, que la nueva Ley no corrige. Por ejemplo, el primer nombre de la lista de las víctimas del terrorismo es el teniente de la Guardia Civil Francisco de Fuentes Fuentes y Castilla Portugal, responsable de la banda de mercenarios a sueldo del fascismo que, en 1960, emboscó al maquis anarquista Quico Sabater y asesinó a cuatro de sus compañeros. En el tiroteo murió el jefe del operativo y “el Quico”, después de ser calificado como bandido por la justicia franquista, se convirtió, con la aplicación de la Ley de 2011 de Reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, en el primer “terrorista” de la “democracia” española.
Es un proyecto de Ley que no rompe con el pasado fascista y, por tanto, no permite aplicar justicia ante los numerosos crímenes de la dictadura. No se atreve a abordar la responsabilidad penal de los verdugos y focaliza su acción en la rehabilitación de las víctimas, a las que no se les ofrece una reparación real, más allá de un reconocimiento simbólico que, en todo caso, llega tarde, tan tarde que parece una burla.
La propuesta de “Ley de Memoria democrática” se olvida, no ya de derogar, sino simplemente de mencionar la Ley de Amnistía de 1977, instrumento fundamental para blindar la impunidad de los criminales del franquismo.
En definitiva, una muestra más de la debilidad política, ideológica y cultural de la izquierda institucionalizada, incapaz de formular una Ley que garantice la no repetición de los crímenes fascistas. Una izquierda incapaz de abordar la pervivencia y continuidad del franquismo desde una perspectiva de defensa de la democracia formal, ya que hace tiempo que la perspectiva de clase la ha perdido.
A pesar de la preocupación de algunos de los promotores por acabar con las ofensas más llamativas a la memoria de tantas víctimas (anulación de juicios y dignificación de muertos y desaparecidos), este texto tiene como principal objetivo el blanqueo del dogma constitucionalista, centrado en la obsesiva defensa de la unidad de la patria –Antes roja que rota– y, de paso, la naturalización del concepto de Nación española.
Una nueva Ley al servicio del inmovilismo, que busca recuperar y homologar la imagen del Estado español con el resto de estados de Europa. Una imagen que ha quedado muy dañada por la reciente represión del movimiento civil catalán, los numerosos escándalos de corrupción de la monarquía, las vergonzosas prácticas judiciales y las recientes declaraciones de las máximas autoridades del ejército, que aunque actualmente estén en la reserva, han mantenido el control de la institución a lo largo de estos 45 años de democracia tutelada.
